Córdoba y el cambio

Córdoba y el cambio

¿Somos conscientes los ciudadanos y los gobernantes que si el dinero correspondiente a los créditos no se invierte en nuestra provincia, se invertirá en otras y que habremos perdido entonces la oportunidad de crear numerosos puestos de trabajo y viviendas dignas que podrían mejorar la calidad de vida de los habitantes de la provincia? 

Por Enrique Maluf*

Córdoba jugó un papel de liderazgo en las elecciones presidenciales próximas pasadas. Es por todos conocido que, inclinando todo su peso político a favor del “cambio”, logró frenar el proceso de degradación política, social y económica en que nos encontrábamos inmersos.

Pero esto no es suficiente para lograr un desarrollo sustentable que, correcta y honestamente administrado por los gobiernos de turno, posibilitaría una mayor calidad de vida y, por lo tanto, mayor justicia social. Córdoba debe seguir liderando cambios. Parte del cambio es un paulatino proceso de transformación cualitativa y cuantitativa del Estado.

Y aquí entramos de lleno al tema. Con motivo del surgimiento de nuevas líneas de créditos hipotecarios, destinados a facilitar el acceso a la vivienda de la clase media, pero que además permitirán la creación de numerosos puestos de trabajo, surgen los siguientes interrogantes:

¿Es el estado cordobés, en sus diferentes niveles, eficiente para brindar un servicio de calidad que facilite el acceso al crédito?

¿Somos conscientes los ciudadanos y los gobernantes que si el dinero correspondiente a los créditos no se invierte en nuestra provincia, se invertirá en otras y que habremos perdido entonces la oportunidad de crear numerosos puestos de trabajo y viviendas dignas que podrían mejorar la calidad de vida de los habitantes de la provincia?

Téngase presente que con solo duplicar los montos de créditos hipotecarios residenciales otorgados hasta ahora por año, significarían un ingreso adicional aproximado a la economía provincial de 350 millones de dólares en ese mismo período.

Adviértase que no se trata de una cuestión ideológica, ni de sectores de privilegio. Es netamente una cuestión social que, claramente, corresponde al Estado resolver.

Burocracia

Para ilustrar acerca de la falencia del Estado en este aspecto valen los siguientes ejemplos: Cualquier desarrollo inmobiliario destinado a la construcción de unidades habitacionales, debido a la burocracia estatal y a una maraña inaccesible de leyes, decretos, ordenanzas (que a veces se contraponen, otras se superponen y otras son inaplicables), debe recorrer un largo camino para obtener: primero, la aprobación del emprendimiento y el permiso municipal de edificación correspondiente. Y, segundo, luego de la finalización de la obra, la inscripción de la misma en el registro provincial de la propiedad, requisito sin el cual es imposible obtener un crédito hipotecario.

Estos tiempos de gestión, previos al inicio de obra y posteriores a la finalización de la misma, pueden ser de entre dos y tres años, aproximadamente, para cada una de las etapas, dependiendo de la importancia del emprendimiento. Es evidente que ningún desarrollista o constructor podrá soportar los costos financieros de esta espera. Como consecuencia, con estas condiciones será muy difícil la aplicación de dichos créditos a departamentos a estrenar. Entonces habrá créditos, pero no habrá departamentos a estrenar y, por ende, tampoco nuevos puestos de trabajo. Algo similar ocurre con los loteos. Los tiempos de gestión hasta obtener la inscripción en el registro provincial de la propiedad pueden llevar hasta seis años. A modo de conclusión, podemos decir que para aprovechar esta excelente herramienta de política económica y social, es necesaria una transformación cualitativa del Estado. Los ciudadanos hemos votado por un cambio. Las expectativas están puestas en los gobernantes, en que sepan interpretar la voluntad de la sociedad y demuestren tener la sensibilidad social para solucionar este problema.

*Expresidente de Ceduc


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